Los derechos de la infancia no son un lujo (por Jaume Clupés)

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El 25º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño llegó en un momento en el que la mayoría de países que habían firmado la Convención atravesaban graves problemas económicos. Esto no debe ser una excusa para no hacer realidad unos derechos que son básicos y no una especie de lujo que no nos podemos permitir.

Hay que revisar y desarrollar políticas que combatan la exclusión social y la pobreza en la infancia. Hay que disponer recursos extraordinarios para reforzar la salud, la calidad de la educación y de la seguridad social. Hay también que hacer efectivo el derecho a la participación activa y democrática de los niños en la esfera pública y que su voz sea escuchada a la hora de implementar políticas, incluidas aquellas destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social.

Es bien sabido que en momentos de crisis económica y de un mayor desequilibrio de pobreza de aquellas familias más vulnerables en nuestro país, se generan déficits que repercuten en el desarrollo de las capacidades y aprendizajes de niños y jóvenes. La consecuencia más evidente es la pérdida de oportunidades, desequilibrios emocionales y el estreñimiento de su participación en el contexto democrático de derecho.

Los niños y los adolescentes son comunicadores instintivos. Desafortunadamente no todos los adultos responsables de las relaciones humanas y de políticas sociales son oyentes instintivos. La creación de una cultura de participación requiere un profundo cambio en nuestras conductas cotidianas y es una condición ineludible de respuesta al derecho superior del menor que recoge la Convención de los Derechos de la Infancia.

Las dificultades para atender las necesidades de los ciudadanos de derecho que son los niños y jóvenes hoy en nuestro país, la falta de escucha de sus necesidades, la precariedad de las políticas para combatir la pobreza y la exclusión social, vulneran el principio de prioridad presupuestaria y desvirtúan el derecho superior del menor. Es una realidad que agrava y perpetúa la invisibilidad de un sector vital de nuestra sociedad.

La crisis debe ser vista como una oportunidad para revisar y desarrollar políticas que combatan la exclusión social y la pobreza en la infancia y para que éstas sean incorporadas en la que debería ser la agenda política de las estrategias nacionales de desarrollo.

Hay que poner un énfasis mucho más acusado en las políticas preventivas que den apoyo a las familias con menores de edad para que el bienestar de los niños se convierta en una cuestión prioritaria de la política social. Hay que desarrollar una red de recursos más eficaz para ayudar a los niños, adolescentes y familias. Y hay que trabajar todos juntos para y con los niños para que la Convención sea una realidad.